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Cuota de ingreso a colegios privados: conoce lo que dice la norma legal

La cuota de ingreso otorga al estudiante el derecho a obtener una vacante y permanecer en la institución educativa privada hasta la culminación de sus estudios en dicho plantel.
Así lo aclara el Decreto de Urgencia N° 002-2020, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, y que establece las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la informalidad en la prestación de los servicios educativos de educación básica de gestión privada y su fortalecimiento.
La norma indica igualmente que, en caso de traslado de la matrícula o de retiro voluntario del estudiante, el colegio privado debe devolver la cuota de ingreso de forma proporcional al tiempo de permanencia del estudiante.
Salvo que, el usuario del servicio mantuviera deuda pendiente de pago. En dicho caso, la institución educativa privada deduce dicha deuda del monto a devolver por concepto de cuota de ingreso.
En ningún caso el colegio privado podrá negarse a devolver el concepto cancelado por cuota de ingreso. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción pasible de sanción.
Si el alumno reingresó a la institución educativa privada, no puede exigirse el pago de una nueva cuota de ingreso; salvo, que dicha cuota hubiera sido previamente devuelta al usuario del servicio educativo.
Exigencias y cobros prohibidos
La norma establece que el colegio privado está prohibido de condicionar la atención de reclamos, la entrega de libreta de notas, la asistencia o evaluación del estudiante al pago de la pensión o cualquier otro pago.
Solo puede retener los certificados de estudios correspondientes a los grados de estudios no pagados, si informó de ello a los usuarios del servicio 30 días antes de iniciarse la matrícula.
Tampoco puede exigir a los usuarios del servicio el pago de sumas o recargos por conceptos diferentes a los establecidos en esta Ley, o pago de una o más pensiones mensuales adelantadas, salvo en el caso en que dichos pagos sustituyan a la cuota de ingreso o a la cuota de matrícula, a elección de estos.
No pueden condicionar la inscripción o matrícula, o la permanencia en la institución educativa al pago de contribuciones denominadas voluntarias (rifas y similares) o al pago de montos por concepto de adaptabilidad, accesibilidad y/o adecuación para personas con discapacidad.
La institución educativa privada no puede exigir la compra de uniformes, materiales y/o útiles educativos en establecimientos señalados con exclusividad por parte de ésta, ni exigir el íntegro de los materiales y/o útiles educativos el primer día de clases, entre otros.
Fuente: Agencia ANDINA

Establecen medidas para promover formalización laboral del sector agrario

Sunafil emitirá en 30 días las directivas y los protocolos de fiscalización para la actividad agraria

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MPTE) aprobó hoy medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales en el sector agrario.
A través del Decreto Supremo N° 002-2020-TR, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se señala que en un plazo de 30 días calendario la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) publicará directivas y protocolos necesarios para el fortalecimiento de la actuación inspectiva en el sector agrario.
También se indica que el MTPE, a través del Centro Integrado “Formaliza Perú”, priorizará acciones de promoción a la formalización laboral en el sector agrario, en especial, en las regiones donde existe mayor índice de informalidad laboral.
Asimismo, se detallan como principios vinculados a la fiscalización en el sector agrario, la dignidad y defensa de la persona, el derecho a la igualdad y no discriminación de género y el principio del interés superior del niño.
Seguridad ocupacional
Otro cambio que se incorpora con el presente decreto supremo es una modificación a la regulación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, precisando que la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles (IPERC) debe ser elaborada y actualizada periódicamente, sin exceder el plazo de un año, por el empleador.
Además, que se realiza en cada puesto de trabajo, con participación del personal competente, en consulta con los trabajadores, sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo o la o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso.
En esa línea, se detallan los siguientes requisitos mínimos para la elaboración o actualización de la IPERC:
- Las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo; así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión de este.
- Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo.
- Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo.
- Incluir las medidas de protección del trabajador en situación de discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y los adolescentes.
- Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
- Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
- Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de las y los trabajadores.
Fuente: ANDINA

SuSalud sancionará a establecimientos donde no se recete medicamentos bajo nombre genérico
Multa por no recetar los medicamentos bajo su denominación genérica bordea el medio millón de soles

Con una multa de hasta 100 UIT, equivalente a 430 mil soles, puede ser sancionado cualquier establecimiento de salud, público o privado, en el que su personal no recete medicamentos de acuerdo a su nombre genérico, anunció la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), organismo técnico especializado del Ministerio de Salud (Minsa).
“En el marco de protección de los derechos en salud de la población, SuSalud tiene la facultad de sancionar a las instituciones prestadoras de servicios de salud por emitir prescripciones farmacológicas sin atender a la Denominación Común Internacional (DCI) conocida también como nombre genérico”, señaló el Superintendente Nacional de Salud, Dr. Carlos Acosta Saal.
El funcionario enfatizó que, sin perjuicio de ello, SuSalud puede recomendar, a la dirección del establecimiento, el inicio del proceso administrativo sancionador al personal de salud que no recete este tipo de medicamentos.
Cabe señalar, que el artículo 31 de la Ley N° 29459, Ley de Los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, establece que la prescripción de medicamentos debe hacerse consignando obligatoriamente la denominación del genérico.
Asimismo, el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú (CMP), en su artículo 80 establece: “En caso de la prescripción de medicamentos, el médico debe hacerlo por escrito, en forma clara y precisa, en recetario en el que deberá figurar el nombre del médico, su número de colegiatura, firma y fecha de expedición; así como el nombre del medicamento con DCI o genérico”.
El Ministerio de Salud (Minsa) informa a la población que, para todo reclamo, denuncia o consulta, SuSalud ha puesto a su disposición la línea telefónica gratuita 113, a nivel nacional, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Fuente: Ministerio de Salud